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Sala de Prensa

21/09/2022

El Grupo Vasco solicita medidas al Gobierno central para “remediar” la “poco edificante” situación del Estado de Derecho en España

En la sesión de control, el diputado jeltzale Mikel Legarda ha afeado a la ministra de Justicia que el Estado tiene 22 resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pendientes de cumplir, siendo el tercer país de la UE con un mayor porcentaje de sentencias por ejecutar, con un 61%

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El Grupo Parlamentario Vasco ha afeado al Gobierno español, en la sesión de control celebrada esta mañana en el Congreso, el incumplimiento por parte del Estado de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y le ha instado a adoptar medidas para “remediar” la “poco edificante” situación del Estado de derecho en España.

El diputado jeltzale Mikel Legarda ha expuesto ante la ministra de Justicia, Pillar Llop, la situación del Estado de Derecho en España, con 22 resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pendientes de cumplir. Además, ha destacado que España es el tercer país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de sentencias del TEDH por ejecutar, con un 61% de sentencias principales dictadas durante los últimos 10 años pendientes de cumplimiento.

Durante su intervención, el diputado jeltzale ha puesto el foco en una sentencia del TEDH pendiente de cumplir desde hace más de 10 años en relación con una indemnización de 50 mil euros, con sus intereses, a una trabajadora sexual de origen africano por “el trato dispensado por la Policía, por la Administración y por los tribunales”.

Legarda también se ha referido a otras de las observaciones en las que incide el informe que la Comisión Europea publicó el pasado mes de julio sobre la situación de los Estados de Derecho en relación con cada Estado miembro. Así, ha expuesto que el documento hace hincapié en reformar la Ley de Secretos Oficiales que “tantas veces ha reclamado EAJ-PNV”, en proseguir en la lucha contra la corrupción, en el llamado caso Pegasus y en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales por su “vital labor”, entre otras, en la protección de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía.

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