Sala de Prensa

14/07/2026

El Grupo Vasco apoya la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tras incorporar varias mejoras, delimitar el ámbito competencial y el compromiso del Gobierno español para la financiación

La portavoz de la formación jeltzale, Maribel Vaquero, ha explicado que durante la tramitación se han incorporado avances para las personas cuidadoras y se garantiza la atención a las personas dependientes cuando la cuidadora principal se encuentre enferma u hospitalizada

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El Grupo Vasco apoya la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tras incorporar varias mejoras, delimitar el ámbito competencial y el compromiso del Gobierno español para la financiación

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“Todas las personas en algún momento de nuestra vida, necesitaremos cuidar o ser cuidadas. Por ello, además de reforzar los servicios públicos y la colaboración con el tercer sector y el ámbito comunitario, debemos situar los cuidados en el centro de las políticas públicas. Porque cuando una persona en situación de dependencia recibe una atención digna, cuando una persona cuidadora encuentra apoyo o cuando una persona con discapacidad puede participar plenamente en la vida social, toda la comunidad sale fortalecida. Ese es el modelo vasco de cuidados, que avanza para ser un modelo cada vez más personalizado, comunitario y centrado en las personas”, ha afirmado la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, este martes durante el debate del Proyecto de Ley que modifica las leyes de dependencia y discapacidad, que se ha aprobado con el apoyo de la formación jeltzale.

Vaquero ha recordado que la tramitación de este proyecto comenzó con una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Vasco por dos razones: la financiación y el respeto al ámbito competencial. Pero “el Proyecto de Ley incorpora un mejor encaje competencial, existe un compromiso político sobre la financiación y, además, se han introducido importantes mejoras gracias a las enmiendas aprobadas”, ha descrito la portavoz jeltzale para explicar el apoyo del Grupo Vasco.

Respecto a la financiación, Vaquero ha explicado que “la ampliación del catálogo de prestaciones y el resto de modificaciones previstas implicaban un incremento evidente del gasto público”, razón por la que se ha exigido una garantía. La Ley de 2006 apuntaba a la cofinanciación de estos servicios por parte del Ejecutivo central, sin embargo, como ha detallado la portavoz jeltzale, “nunca” se ha complido por parte de los distintos gobiernos que se han sucedido desde entonces.

“Las instituciones vascas han cumplido íntegramente con la cartera de servicios y prestaciones exigida por la legislación estatal, e incluso la han mejorado con la propia y, aun así, han llegado a asumir en algunos ejercicios hasta el 92% del gasto total”, ha resumido Vaquero, añadiendo que en 2024 “Euskadi destinó 1.020 millones de euros a la dependencia” y “el Estado aportó únicamente  el 16,96 % del total”.

Esta financiación, ha explicado, se articula en Euskadi y Navarra a través del Concierto y del Convenio Económico, no a través Real Decreto-ley para la financiación de la dependencia para otras comunidades autónomas que también se ha debatido este martes. “Aunque en la Comisión Mixta del Concierto Económico se alcanzó un acuerdo sobre esta cuestión en 2025, es necesario ajustar el cálculo del Cupo para reflejar correctamente esa cofinanciación, tal y como establece la ley”, ha señalado la portavoz jeltzale”.

Entre las mejoras incluidas en la ley de dependencia, Vaquero ha destacado el apoyo económico a la persona cuidadora y que se favorezca la permanencia de la persona dependiente en su entorno habitual; la garantía de continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora principal se encuentre hospitalizada o padezca una enfermedad grave, evitando que ninguna persona dependiente quede desatendida; medidas específicas de protección para las personas cuidadoras principales, y otras mejoras en materia de calidad de los servicios y condiciones de empleo”.

Asimismo, el Grupo Vasco ha pedido más garantías para las personas afectadas por la polio, las víctimas del amianto, quienes tienen derecho a una prestación CUME o las víctimas de violencia sexual, para que puedan compaginar “su pensión no contributiva con la indemnización judicial, ya que esta no constituye un ingreso destinado a cubrir necesidades básicas, sino una reparación del daño moral sufrido”, pero estas enmiendas han sido rechazadas.

Vaquero ha finalizado reivindicando que “el cuidado es una cuestión política, que debe ocupar un lugar central en las instituciones democráticas, y se debería organizar para distribuir las responsabilidades del cuidado de manera justa, no dejando la carga principal en manos de las mujeres”.

 

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