El Congreso ha tomado en consideración por primera vez la Proposición de Ley de modificación de la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia; y de la Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. Esta iniciativa de la formación jeltzale fue redactada “ante la gravedad de los hechos conocidos por el uso de Pegasus, en 2022, con autorización judicial, para intervenir teléfonos de representante políticos, activistas, abogados, periodistas y familiares vinculados de manera singular al ‘procés’ catalán”, tal y como ha recordado el diputado del Grupo Vasco Mikel Legarda. “Se hace necesario perfeccionar el marco normativo del CNI para que la ley no vaya por detrás de la tecnología altamente invasiva de la privacidad”, ha dicho.

“La discreción y la reserva son principios fundamentales de la actuación de los servicios de inteligencia para poder prestar a la sociedad el servicio encomendado, pero deben compatibilizarse y equilibrarse con la protección de los derechos fundamentales y la existencia de controles internos y externos de su actividad para el funcionamiento de la democracia”, ha explicado Legarda. Asimismo, el diputado jeltzale ha rememorado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció las consecuencias políticas y sociales del uso de Pegasus por parte del CNI y que anunció como compromiso del Gobierno la reforma de la ley sobre el control judicial del CNI, además de la de secretos oficiales.  “Nunca el Gobierno ha cumplido este compromiso”, ha recalcado Legarda, por lo que el Grupo Vasco ha presentado esta iniciativa.

La Proposición de Ley establece, con el objetivo de “visualizar de manera más nítida la responsabilidad del presidente del Gobierno con ocasión de la actuación del CNI”, que la persona designada para dirigir el CNI sea elegida por el presidente o la presidenta del Ejecutivo. Asimismo, como control previo, que sea un órgano colegiado de tres jueces quien autorice las intervenciones del CNI con afección en derechos fundamentales y que lo haga por unanimidad. Además, que haya un control ‘ex post’ una vez finalizado el plazo de la autorización de la intervención. Finalmente, para mejorar el control político que realiza el Congreso a través de la Comisión de Secretos Oficiales, el Grupo Vasco propone que los y las diputadas presentes en la misma puedan conocer también “los medios empleados” en las distintas intervenciones que realice el CNI.

El Grupo Vasco confía en que esta iniciativa “no se quede guardada en un cajón” y que sea tramitada por el Congreso.