“Esta iba a ser la legislatura de la vivienda. Ministra, no tengo ninguna duda de que usted lo ha intentado, pero lo advertimos, desde mi grupo advertimos de los agujeros negros de la Ley de Vivienda y de la necesidad de abordar la política de vivienda en su integridad, sin parches. El resultado lo vamos a ver en un rato si se cumplen las previsiones: nada”.

Así ha reprochado la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, al Gobierno español la imposibilidad de llegar a acuerdos en materia de vivienda en plena crisis habitacional durante el debate del primer Decreto-ley de vivienda debatido este viernes en el Congreso, el relativo a las medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.

Vaquero ha explicado el sí crítico y con reservas de la formación jeltzale a este decreto y defendido la voluntad de diálogo y negociación del Grupo Vasco en estos últimos días, pero ha advertido también del tiempo perdido por parte del Gobierno español: “Ocho años de legislatura, tres desde que se aprobó una Ley de Vivienda con demasiados agujeros, meses y meses de votaciones sobre iniciativas que se han ido guardando en un cajón, comparecencias, y ahora, de repente, en 48 horas debatimos un decreto que se vende como si fuera agua bendita”.

“Este es el resultado de no haber hecho bien las cosas hasta ahora. No regular la temporada en la Ley de Vivienda nos ha llevado a una pérdida de vivienda habitual”, ha explicado, y se ha basado en los datos de Euskadi para esta afirmación: “Entre 2023 a 2025 los contratos de alquiler habitual han disminuido un 27,92% mientras el alquiler de temporada ha aumentado un 52,30%. La fuga de vivienda hacia el alquiler de temporada es considerable, ¿no? Pues esa fuga afecta a familias vulnerables y a quienes están buscando una vivienda habitual”.

Vaquero ha planteado que la base del debate debe ser si “ante una crisis habitacional son proporcionales las limitaciones que estos decretos imponen al derecho de la propiedad en base a la función social de la vivienda”, señalando que debe analizarse “cuánto tiempo pueden mantenerse y hasta dónde pueden llegar” porque “si para proteger a una persona vulnerable limitamos la propiedad, debemos evitar que esa protección termine provocándole un perjuicio económico desproporcionado, que llegue incluso a situarle en una situación de vulnerabilidad”. Así, la clave debe estar en las compensaciones y en que sea la Administración “la garante del derecho a la vivienda asumiendo el coste que corresponda”. Esto es lo que el Grupo Vasco ha defendido en la negociación de los decretos.

Pero “el acuerdo no ha sido posible por la ceguera y la intolerancia de algunos, que han empujado a máximos y nos vamos a quedar en la nada. Explíquenselo también a los que están fuera pidiendo medidas”, ha recriminado la portavoz jeltzale a los grupos parlamentarios de la izquierda, y ahondado: “Los postulados de máximos nos impiden acordar y legislar, y la crisis habitacional necesita acuerdos”.

Las importantes carencias y reservas de la formación jeltzale hacia el texto, las ha expresado Vaquero previendo que los decretos-ley que se votan hoy “serán analizadas mañana en las facultades de Derecho como ejemplo de lo que no se debe hacer” y apuntando que legislar por decreto “no es la manera más adecuada de que un poder legislativo funcione en un Estado democrático, si ha elegido este camino, la responsabilidad política también es suya”.

Respecto al segundo decreto-ley debatido hoy en el Congreso y que propone la prórroga automática de los alquileres que el Grupo Vasco rechaza, Vaquero ha afeado al ministro Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que “lo hacen todo al revés”: “Esta medida que ustedes plantean reduce la oferta, impulsa el alquiler temporal y eleva las rentas iniciales y los costes de garantías y seguros. Esta medida por sí misma, no resuelve nada”.

Para los jeltzales, la iniciativa propuesta no contribuye a resolver el problema de acceso a la vivienda, ya que el decreto “perjudica especialmente a quien lleva muchos años alquilando” al no diferenciar adecuadamente entre grandes tenedores, sociedades patrimoniales y pequeños propietarios. En este sentido, ha señalado que para un pequeño propietario “pagar doce, veinte o más mensualidades puede impedirle recuperar la vivienda, aunque haya cumplido la ley”, mientras que la excepción por vulnerabilidad planteada resulta “imprecisa y puede obligarle a acudir a los tribunales”.

“No aceptamos que proteger a unos signifique necesariamente ponerse en contra de los otros”, ha recriminado Vaquero a quienes se posicionan en un bando con un titular o un mensaje en redes sociales. “Explicar la complejidad y alcanzar un equilibrio exige mucho más”, ha concluido.