El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV considera inconstitucional que el legislativo limite la capacidad del Gobierno de ejercitar su derecho de gracia, y defiende, por tanto, mantener la Ley que regula los indultos en sus términos vigentes.

Así lo refleja en las enmiendas que ha presentado a la Proposición de Ley del Grupo Socialista de reforma de las reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto.

Mikel Legarda, portavoz jeltzale de Justicia, asegura que “el derecho de gracia se construye no sobre el delito cometido (salvo las prescripciones constitucionales al efecto) sino sobre aspectos relativos a la realización de la justicia material o equidad en el justamente penado, para responder a las necesidades de corrección de las decisiones judiciales, para establecer coherencia de política criminal, o para procurar la convivencia social o la utilidad pública, como por ejemplo asegurar la colaboración de confidentes de organizaciones criminales, suavizar conflictos en las relaciones internacionales o resolver graves problemas públicos que puedan afectar a la convivencia”. Así, añade que “impedir la posibilidad del Gobierno de ejercitar su derecho de gracia en determinados condenados en razón del delito es una vulneración constitucional tanto respecto a las facultades constitucionales del Gobierno como al principio de igualdad que impida la discriminación en la ley entre los reos”.

Por todo ello, el Grupo Vasco se muestra “totalmente contrario” a la propuesta que ha realizado el PP de impedir legalmente los indultos para los delitos de rebelión y sedición porque, tal y como se ha apuntado, “además se ser inconstitucional, sería negar materialmente una herramienta que pudiera servir para solventar problemas políticos”. “¿Piensan que la situación en Catalunya va a mejorar con esta propuesta?”, se pregunta Legarda.

Asimismo, el Grupo Vasco no comparte la propuesta del PSOE de prever un informe vinculante de cualquier otro poder u órgano para la concesión del indulto porque “es hacer la decisión compartida y por tanto inconstitucional, porque el indulto es una prerrogativa constitucional en exclusiva del Gobierno”. Por ello, en las enmiendas presentadas por Mikel Legarda se establece que el informe del Magistrado o Tribunal sentenciador “no será vinculante para el Gobierno por razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social que a juicio de aquel concurren en el condenado para poder otorgar el indulto total”.