El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV considera que la respuesta judicial a la violencia de género es “manifiestamente insuficiente” y por ello solicita mejoras en este ámbito, apuntando a tres líneas concretas de actuación. 

En una Proposición No de Ley Emilio Olabarria, portavoz en materia de justicia del Grupo Vasco, asegura que “a pesar de la existencia de un profuso cuerpo normativo” contra la violencia de género “diversos informes de seguimiento de la eficacia de las normas alertan sobre la persistencia de graves obstáculos para la protección de las víctimas y el acceso y obtención de justicia”.

En este sentido, el escrito registrado afirma que según un informe de Amnistía Internacional la tasa de enjuiciamiento ha experimentado una severa caída y el número de casos archivados, por no quedar acreditados los hechos, se ha incrementado en un 158%. Asimismo, se asegura que desde la puesta en marcha de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer hasta la actualidad el porcentaje de sentencias condenatorias ha descendido 10 puntos hasta el 50%  y el 36% de las mujeres con procedimientos judiciales previos contra quien fue su agresor mortal vieron su caso sobreseído o recibieron una sentencia absolutoria.

Por todo ello, el Grupo Vasco, ante “unas cifras intolerables en una de las vulneraciones de los Derechos Humanos más lacerantes”, propone mejoras en el ámbito judicial apuntando a tres líneas concretas de actuación.

En primer lugar, se solicita que en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se consideren, además de la información de los profesionales del propio juzgado, las opiniones del resto de profesionales del ámbito judicial, de las propias víctimas y de las organizaciones especializadas en el estudio de la violencia de género.

En segundo lugar, se apuesta por mejorar la formación de los jueces y juezas que vayan a ocupar plazas en juzgados especializados, así como de la Fiscalía y del personal de las Unidades de Valoración Forense Integral.

Por último, el Grupo Vasco propone que, a través de las modificaciones normativas necesarias, se garantice que la Fiscalía, mediante la formación y los mecanismos de rendición de cuentas, realice una labor diligente en la persecución de delitos relacionados con la violencia de género.