El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ha registrado una enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita por la que solicita su devolución al Gobierno español.

En el escrito presentado, el Grupo Parlamentario Vasco recuerda que “el Gobierno español defendió el ahora régimen vigente de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia con el argumento de que la recaudación resultante de las mismas iba a utilizarse para financiar el sistema de justicia gratuita”.

Sin embargo, tal y como denuncia el Grupo Vasco, “el legislador obvia de forma absoluta e injustificada cualquier previsión legal” en este sentido a pesar de “reconocer que el modelo de asistencia gratuita es insostenible sin su financiación por medio de lo recaudado en concepto de tasas judiciales” por lo que, añade el escrito, “convierte en cuasi-inviable el sistema de asistencia jurídica gratuita recogido en este Proyecto de Ley”.

Además, el portavoz del Grupo Vasco en materia de Justicia, Emilio Olabarria, asegura que el Gobierno español “no ha  destinado ni un solo euro de los más de 300 millones recaudados en concepto de tasas judiciales” a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita y ha añadido que “las Comunidades Autónomas con competencia en la materia han tenido que hacer frente a este servicio con sus propios recursos” al no habérseles transferido la parte correspondiente a lo recaudado por el Estado. El Grupo Vasco recuerda que en la última sesión de control Emilio Olabarria formuló una pregunta oral al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en este mismo sentido.

Por todo ello, Olabarria señala que “se ha perdido una gran oportunidad de consolidar un servicio de justicia gratuita” y critica que “estamos ante un Proyecto de Ley especialmente injusto por razones coyunturales”, en alusión a que en un contexto de crisis económica aumenta la litigiosidad y aumenta el número de personas que carecen de recursos económicos suficientes para poder litigar.

Por último, la enmienda de totalidad presentada denuncia que “no se respetan las competencias de las Administraciones públicas competentes en el servicio de justicia gratuita distintas a la del Gobierno central, se usurpa a las CCAA competentes la función de ejecución de la legislación aplicable” y critica “la incorporación de un elemento de inseguridad jurídica susceptible de afectar al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva” al quebrar un criterio de cercanía que garantiza el ejercicio de ese derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la CE al permitir el Proyecto de Ley el ejercicio del servicio de asistencia jurídica gratuita a cualquier abogado o procurador siempre y cuando puedan personarse en la instancia correspondiente con un límite máximo de tres horas