El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ha votado en contra del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial que ha sido aprobado hoy por la Comisión de Justicia del Congreso.

Emilio Olabarria, portavoz del Grupo Vasco en la citada comisión, ha lamentado que “las expectativas generadas por el Grupo Popular se circunscriban a la aceptación de una sola enmienda” de EAJ-PNV. Con esta enmienda, el Centro de Documentación Judicial, con sede en Donostia, recupera la función de “armonizar los distintos sistemas informáticos existentes en el Estado español”, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, el Diputado de EAJ ha mostrado su “preocupación” con la reforma aprobada hoy, y ha asegurado que el Grupo Vasco “refuta el modelo de Consejo General de Poder Judicial propuesto” ya que, añade Olabarria, “se acomete una degradación institucional” con ella. El portavoz del Grupo Vasco en materia de justicia ha explicado que “de los 20 vocales que conforman el Órgano de Gobierno de los jueces, solo 6 lo harán en dedicación exclusiva con la nueva configuración”. En este sentido, Olabarria ha destacado que “resulta curioso que el Gobierno limite el poder judicial y sus competencias en un momento en el que los jueces han empezado a refutar explícitamente algunas de las políticas gubernamentales”.

Asimismo, Olabarria ha denunciado que, “una vez más, el Gobierno se ha negado a abordar el debate sobre las creación de los Consejos Autonómicos del Poder Judicial”, y ha recordado que “estas figuras están ya positivizadas en diversos Estatutos de autonomía”. El diputado de EAJ ha manifestado que el Grupo Vasco, con un total de 10 enmiendas presentadas en este sentido y que han sido rechazadas por el Grupo Popular, pretende “trasladar las competencias que sean territorializables a los Consejos Autonómicos del Poder Judicial”.`

Por último, Emilio Olabarria ha defendido una enmienda, también rechazada por el Grupo Popular, y mediante la que se solicita que “el conocimiento de la lengua cooficial en aquellos territorios bilingües sea considerado mérito para acceder  una vacante”.