El Grupo Parlamentario Vasco ha votado en contra de la Ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social que ha sido aprobada esta tarde en la Comisión de Economía del Congreso con los únicos votos favorables del PP.

Pedro Azpiazu, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV en la Comisión de Economía, ha lamentado la postura del PP, “que no ha estado a la altura de las circunstancias” y ha asegurado que “habría sido deseable llegar a un acuerdo lo más amplio posible en un tema tan importante”.

En este sentido, Azpiazu ha señalado que el Grupo Vasco, a lo largo de todo el trámite de la ley “ha tenido voluntad de llegar a un acuerdo”, y ha asegurado además que así se lo ha hecho saber al Grupo Popular, al que le ha dirigido “firmadas y por escrito las condiciones” para apoyar el Proyecto de Ley.

En su intervención Pedro Azpiazu ha explicado que las “condiciones irrenunciables” trasladadas al PP son “la aprobación de 7 de las enmiendas presentadas” por el Grupo Vasco que “supondrían la renuncia del resto de las enmiendas de EAJ en aras al consenso” y ha añadido que “con su aprobación se daría  un salto cualitativo y cuantitativo muy considerable”.

Entre las 7 enmiendas que EAJ considera “fundamentales” se encuentra un primer grupo de 4 dirigidas a “ampliar o relajar las condiciones que han de cumplir aquellos ciudadanos y familias con el fin de acogerse a la suspensión de los lanzamientos”, como son ampliar de dos a tres años el periodo de suspensión de los mismos, no limitar la edad del menos a los 3 años, que la condición de desempleado sea suficiente independientemente de su situación con respecto a las prestaciones por desempleo, y que el conjunto de los ingresos puedan alcanzar hasta cuatro veces el IPREM en lugar de tres.

La quinta del grupo de 7 enmiendas planteadas por el Grupo Vasco al PP es aquella en la que se plantea “la dación en pago con carácter retroactivo en las mismas condiciones citadas para acogerse a la suspensión de los lanzamientos”; la sexta plantea que el Código de Buenas Prácticas sea “de obligado cumplimiento” para las entidades de crédito.

Por último, la séptima enmienda “irrenunciable” para el Grupo Vasco es aquella en la que se recoge “la dación en pago de cara al futuro tal y como se planteaba en la ILP”, y que ahora, según ha denunciado Azpiazu “ha desaparecido tras la incorporación de las enmiendas del PP” al texto de la ponencia.