El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ha registrado una enmienda a la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, proveniente de la Iniciativa Legislativa Popular del mismo nombre admitida a trámite por el Pleno del Congreso de los Diputados con el voto a favor del Grupo Vasco.

Con la enmienda presentada EAJ-PNV busca proteger a los colectivos especialmente vulnerables para que puedan acogerse a la dación en pago retroactiva contemplada en la iniciativa legislativa. Así, el Grupo Vasco propone la adición de nuevos apartados al artículo 3 por los que se explicitan las condiciones en las que es posible acogerse a la dación en pago retroactiva. Por ejemplo, que "el conjunto de los ingresos de los miembros de la unión familiar no supere el límite de cuatro veces el IPREM" o "que se trate de una unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo".

EAJ-PNV recuerda que la enmienda registrada hoy se propone en coherencia con las correcciones presentadas  el pasado día 8 de febrero  al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la protección a los deudores hipotecarios.

Entre las enmiendas registradas entonces, además de “flexibilizar” las condiciones de acceso “excesivamente restrictivas” del P.L., destacan también examinar el “posible carácter abusivo” de las cláusulas del contrato de crédito o  “bajar los intereses moratorios” de los contratos de crédito o préstamo para la adquisición de una vivienda habitual. Asimismo, en las enmiendas presentadas el pasado día 8 el Grupo Vasco propuso que el importe de la adjudicación por parte de la entidad financiera del bien dado en garantía ”se cuantifique, al menos en el 80% de su valor escriturado”, lo que supone un incremento del 20% con respecto al valor que actualmente se establece.

Con el conjunto de las medidas planteadas a las dos iniciativas legislativas en trámite en el Congreso de los Diputados, EAJ-PNV busca dar respuesta a una “patente demanda social y política de nuestra sociedad” y proteger a los colectivos o personas que se encuentran en una situación de “especial vulnerabilidad”.