Arantza Tapia ha criticado que esta reforma del Gobierno “no es más que un pretexto para adoctrinar y para ideologizar. Este anteproyecto desconoce la realidad, y tras él, late un planteamiento que pretende solo uniformizar el Estado en torno a un modelo cultural y lingüístico único: el español”, ha alertado.

Arantza Tapia ha recordado que el Estatuto de Gernika, en su artículo 6 afirma que el euskera tendrá carácter de lengua oficial junto con el castellano, y que todos los habitantes de Euskadi tienen derecho a conocer y a usar ambas lenguas. Asimismo, ha subrayado que la Ley de normalización del Euskera, estableció hace ya 30 años como objetivo, que quien superase la educación básica pudiera tener un dominio suficiente de las lenguas cooficiales.

Sin embargo, 30 años después se ha demostrado que “no se ha logrado dicho objetivo en relación al euskera, pero en cambio sí con el castellano”. Por ello, ha calificado de “particularmente indignante que el Gobierno español venga a plantear mecanismos reequilibradores reforzando el castellano frente a una lengua minoritaria como el euskera”.

Arantza Tapia ha censurado además la falta de respeto a la comunidad educativa, y la agresión a los consensos que se han trabajados en los últimos años.

Por otro lado, ha denunciado el ataque que esta reforma supone al ámbito competencial de las CCAA, y ha defendido el sistema educativo de Euskadi, como “un modelo consensuado, adecuado a las necesidades de la sociedad en la educación infantil, primaria, secundaria y en la Formación Profesional, y que ha arrojado buenos resultados y que ha constituido en muchos casos un ejemplo a seguir”.

Por su parte, el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha tendido la mano al Grupo Vasco a trabajar conjuntamente en el desarrollo del anteproyecto. Wert ha elogiado el sistema educativo de Euskadi y ha reconocido que es “el único que combina la inmersión lingüística y un sistema de bilingüismo integrado, y que deja un espacio a la opción y a la elección, respetando la libertad de los padres y los deseos de normalización lingüística que puede legítimamente tener el gobierno”, ha concluido.