El portavoz del Grupo Vasco en materia de Justicia, Emilio Olabarria, ha denunciado hoy que el Gobierno ha antepuesto el objetivo de ahorro y de recorte al derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

La inexistencia del formulario de autoliquidación en la publicación en el BOE de la Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para proceder a la exacción de las nuevas tasas, acredita que, la tramitación y aprobación urgente - incluso sumaria- de dicha ley, con el rechazo de los partidos de la oposición, y de los colectivos de profesionales del sector, pretende fundamentalmente eliminar la paga de diciembre del personal de servicio de la justicia y a los componentes de la carrera judicial.

Emilio Olabarria afirma que “esta ley de tasas nunca debió nacer. Si un servicio público debe ser gratuito, es precisamente el servicio público de la justicia, que constituye el último mecanismo de amparo de los derechos de los ciudadanos ante tanto recorte, tanta limitación de derechos, tantas situaciones de arbitrariedad y abuso administrativo”.

“La ley de tasas convierte un servicio gratuito en un servicio sujeto a contraprestación económica, lo que altera el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, que EAJ-PNV rechaza”, asegura Olabarria.

En la tramitación parlamentaria, el Grupo Vasco defendió su enmienda a la totalidad de la ley, y sus posteriores 21 enmiendas al articulado. Recuerda además, que la aprobación exprés de la norma en el Congreso, dio lugar a una protesta sin precedentes, en la que todos los Grupos de la oposición se ausentaron de la Comisión de Justicia y plantaron al Grupo Popular en la votación del dictamen.

“Las medidas de ahorro y recorte pervirtieron una vez más el procedimiento legislativo previsto en el artículo 81 y siguientes de la Constitución y desnaturalizaron lo que debía considerarse noble función de legislar y legislar bien, de manera especial en una ley que concierte a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es la tutela judicial efectiva”, concluye Emilio Olabarria.