Al término de la votación, en una rueda de prensa conjunta que han ofrecido los portavoces de los Grupos de la oposición en la Comisión de Justicia (Grupo Socialista, Grupo Catalán, Izquierda Plural, Grupo Vasco y Grupo Mixto), Emilio Olabarria ha calificado este “hecho sin precedentes”, como gesto “en defensa de la dignidad de la institución del Parlamento”.

En primer lugar, ha argumentado que el Gobierno y el Grupo Popular han impedido que esta ley fuera debatida en pleno, y han degradado el procedimiento legislativo de una reforma que afecta a un derecho fundamental como la tutela judicial efectiva, -a través de un sistema de tasas que impedirá que las ciudadanos puedan acogerse a un derecho universal como la tutela judicial efectiva-. “Una reforma que afecta a los derechos fundamentales debe ser avocada a Pleno”, ha subrayado Olabarria.

En segundo lugar, Olabarria ha denunciado el carácter exprés, ya no breve, sino sumaria de la reforma, limitando su tramitación a una Ponencia, y una Comisión.  “Los derechos legislativos se quebrantan de manera absoluta y sin precedentes”. “Esta premura responde a motivos de ahorro presupuestario, con el fin de privar de la paga extra de Navidad a todo el personal de la Administración de Justicia. Se han impuesto razones de ahorro sobre los criterios relacionados a derechos fundamentales como es el del acceso a la Justicia y los criterios de ahorro no legitiman esta perversión del trámite legislativo de una intensidad como la que hemos vivido”, ha remarcado Olabarria.

El portavoz del Grupo Vasco en materia de Justicia ha censurado además que el GPP haya calificado este hecho como una “patraña”. Olabarria ha declarado que “nosotros pretendemos lo que es la antítesis de la patraña: preservar, recuperar y dignificar la acción de esta institución, y si para el PP preservar la dignidad de esta institución es una patraña, todos los que estamos aquí nos sumamos a ella”.

Olabarria ha concluido diciendo que “nunca se me hubiera ocurrido realizar un plante de esta naturaleza, pero se han cruzado todas las líneas rojas”. Y advertido de que “esto puede ser el precedente de otras fórmulas y otros procedimientos que prostituyan y se pervierta la actividad de legislar y no estamos dispuestos a permitirlo”.