Pedro Azpiazu ha argumentado que el Proyecto de Ley “sólo persigue la imposición de puras y duras medidas fiscales mediante nuevos impuestos con el objetivo de intentar tapar el déficit de tarifa que se genera cada año”.

El Grupo Vasco es partidario de dar “una solución urgente a dicho déficit”, ha subrayado, pero reclama actuar con coherencia.

Azpiazu ha denunciado “que el Gobierno ha optado por sacarse de la manga una nueva batería de impuestos, discriminatorios, sin ninguna justificación ambiental ni económica, que acabarán siendo pagados por los consumidores y los generadores más eficientes”.

Ha agregado que esta reforma “está muy alejada de dar señales medioambientales coherentes, y tiene un evidente objetivo recaudatorio, con elevadas dosis de improvisación”. “Es un parche que no soluciona ni el problema del déficit tarifario ni lanza señales medioambientales al no abordarse con rigor ambos elementos”.

Ha censurado además que el Gobierno no haya consensuado estas medidas ni con los sectores afectados, ni con los consumidores, ni con los Grupos parlamentarios.

Azpiazu ha alertado de que casi un millar de mini-centrales hidroeléctricas se van a ver gravemente perjudicadas por las medidas fiscales de esta reforma, cargándolas con un 8,2% de impuesto y cánones sobre las ventas de energía previstos por la Ley.

Además, ha denunciado que industrias como la química, la automovilística, ganadera, papeleras, alimentarias, farmacéuticas, etc. sufrirán un efecto devastador al cargarlas con un 6% de impuesto sobre las ventas de energía y del céntimo verde al gas.

El Grupo Vasco considera “un error tratar de establecer las medidas para la solución del déficit tarifario sin haber definido el modelo energético de futuro”, y defiende un modelo energético en cumplimiento con el Plan 20-20-20, y un modelo que persiga los objetivos de competitividad, sostenibilidad y seguridad del suministro.