Todo ello se solicitaba con hincapié dado que el Estado español se declara en contra de la pena de muerte, y como quiera que existe el deber de protección de los derechos de los españoles en el extranjero, siendo el más preeminente y fundamental el derecho a la vida, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) .

Según Olabarria “la aprobación de esta iniciativa por la que se espera que los condenados a muerte tengan la ayuda jurídica necesaria, llega en un momento en el que un ciudadano del estado, Pablo Ibar, pudiera eludir la pena de muerte a la que esta condenado en EE.UU., si contara con una fortuna suficiente para contratar abogados que pudieran en el juicio que se va a volver a producir, defenderle con mecanismos jurídicos de apelaciones que puedan hacer cambiar el anterior veredicto”