El Grupo Vasco en el Congreso ha votado hoy a favor de la reforma de pensiones debatida en el Congreso. Lo ha hecho por considerar que es “necesaria” y “realista” pero, al mismo tiempo, ha señalado algunos aspectos “cuestionables”, como la ausencia de una garantía para la singularidad de las cooperativas.

“Entendemos que es una reforma necesaria en buena parte, positiva en muchos aspectos, pero cuestionable en otros, que esperamos poder corregir próximamente”, ha asegurado el diputado Iñigo Barandiaran. Precisamente, el diputado jeltzale ha asegurado que es “un error intentar homologar en un mismo régimen jurídico realidades diferentes”, en referencia a la situación de los y las cooperativistas, que en Euskadi alcanza a cerca de 130mil personas. Por ello, y a lo largo de las últimas semanas, EAJ-PNV ha propiciado un diálogo entre el Gobierno español y el sector afectado para tratar de recoger la singularidad de las cooperativas en el ordenamiento jurídico. Un acuerdo que por el momento no ha sido posible pero que el Grupo Vasco seguirá reclamando.

Por otro lado, Barandiaran ha valorado positivamente las medidas dispuestas en el Decreto Ley para las personas becarias o que realizan prácticas formativas, como la bonificación del 95% de las cuotas por contingencias comunes, pero ha lamentado que “queda por solucionar la cuestión relativa a la gestión de esas mismas bonificaciones”, que afectan a más de 300 mil personas en Euskadi y cerca de 1 millón y medio en el conjunto del Estado. Del mismo modo, Barandiaran ha señalado que “hay que dar una solución al limbo en el que quedan las prácticas del alumnado de formación no reglada”.

Por último, el diputado jeltzale ha advertido al ministro Escrivá de que EAJ-PNV va a seguir insistiendo en el propósito de mejorar las prestaciones para familias con menores con enfermedades graves a cargo. Durante su intervención, Barandiaran ha recordado que fue el Grupo Vasco quien consiguió ampliar esa protección desde los 18 a los 23 años a través de una enmienda incluida en los PGE 2022, cuya estela sigue el Gobierno español ahora, situando el límite de edad en los 26 años. “Entendemos que la fijación de la prestación referida a una edad determinada no responde a los parámetros de necesidad que la justifica. No es tanto la situación de una necesidad momentánea sino la de dependencia continua la que debe justificar su existencia, por eso vamos a insistir para que el parámetro de la edad vaya desapareciendo”.