El Congreso de los Diputados ha apoyado hoy la propuesta del Grupo Vasco para que los Gobiernos en funciones se sometan al control de las Cámaras y evitar así que se repita en el futuro lo sucedido en la XI Legislatura, caracterizada por un Gobierno insumiso al control de las Cortes durante 314 días.

Mikel Legarda, autor de la iniciativa, ha explicado que “no tenemos duda alguna” que las facultades de control de las Cámaras sobre el Gobierno “no quedan afectadas” porque este se encuentre en funciones, pero ha añadido que se realiza esta Proposición de Ley para que se refleje “de manera nítida y expresa” que todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control de las Cortes porque “el Gobierno, contraviniendo el principio de lealtad constitucional, ha buscado apoyatura en la falta de deber expreso” en la Ley vigente.

“La obligación de control deriva de la legitimidad democrática y el carácter representativo de las Cortes Generales y no de una situación de confianza”, ha insistido Legarda. “La función de control lo es independientemente de que el Gobierno sea cesante o se encuentre en plenitud tras una confianza otorgada en virtud del necesario y obligado equilibrio y balance entre los poderes del Estado y en virtud del mismo fundamento de la Constitución Española. En un régimen democrático no cabe poder sin control, ni un sistema de Gobierno parlamentario en que el Ejecutivo quede libre de fiscalización de las Cámaras porque lo contrario sería aceptar que un órgano constitucional pueda actuar sin contrapeso o que no existe división de poderes durante el periodo del gobierno en funciones”, ha sentenciado.

 “Razones de legalidad constitucional, razones políticas que constatan la grave anomalía democrática que supone un gobierno sin control, razones de seguridad jurídica, razones para evitar la autoatribución del Gobierno de la función de control de las Cámaras indicando a estas cuándo, cómo y dónde procede dicho control, razones de lealtad institucional, razones de sentido común y también razones del ius in officium que nos corresponde como soberanía popular reclaman que se tome en consideración esta iniciativa”, ha zanjado Legarda.