La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha apoyado una iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV en la que se reclama al Gobierno que remita a la Cámara un Proyecto de Ley para proteger a los denunciantes de corrupción.

La Proposición No de Ley, defendida por Mikel Legarda, portavoz jeltzale en la citada Comisión, insta al Ejecutivo central a que adopte una regulación específica para proteger adecuadamente a denunciantes, testigos, peritos y víctimas contra eventuales actos de represalia o intimidación o trato injustificado que puedan sufrir en su actuación contra la corrupción.

Tal y como ha señalado Legarda, la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, ratificada por España en el año 2005, establece y determina la protección de los testigos, peritos y víctimas, así como de los denunciantes, en sus artículos 32 y 33 respectivamente. Por ello, y atendiendo también a reclamaciones de diversos organismos internacionales y también del Consejo General del Poder Judicial, se solicita incorporar estos artículos 32 y 33 de dicha Convención al ordenamiento jurídico español. “Debemos abordar la corrupción en todos su frentes: impulso de la transparencia, la formación, la promoción de los valores, la colaboración interinstitucional, la respuesta judicial y las reformas legales”, ha señalado Legarda. Y es en este último aspecto en el que se incardina la propuesta del Grupo Vasco.

“Incorporando estos aspectos al ordenamiento jurídico español damos respuesta a una demanda social, cumplimos con la Convención de Naciones Unidas y protegemos los derechos constitucionales de estos actuantes como la dignidad, la integridad moral, el honor y la seguridad en el trabajo”, ha asegurado el diputado jeltzale.

Por último, Legarda ha hecho suyo un extracto de la exposición de motivos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hecha en Nueva York el 31 de diciembre de 2003 cuando dice: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene consecuencias corrosivas para la sociedad porque sustituye el interés público por el privado, menoscaba la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados y facilita el florecimiento de la delincuencia organizada”.

El Grupo Vasco comunica que ha sido aceptada una enmienda del Grupo Socialista por la que se incorpora una mejora técnica. A través de ella, en lugar de instar al Gobierno a elaborar un Libro Blanco tal y como se proponía en la redacción original (justificado por el Diputado jeltzale en que cuando se redactó esta iniciativa el Gobierno estaba en funciones y por tanto no podía, por Ley, elaborar iniciativas legislativas) se le pide al Ejecutivo central que redacte un Proyecto de Ley.