El Congreso de los Diputados ha aceptado a trámite la propuesta del Grupo Vasco para derogar las dos últimas reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La Proposición de Ley, defendida por Mikel Legarda, pretende eliminar los artículos de la LOTC que dan carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra autoridades y funcionarios que las incumplan, así como dejar sin efecto la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía. Ambas reformas fueron introducidas la X Legislatura. El Grupo Vasco quiere, con la iniciativa presentada, volver a la situación anterior a su modificación.

“Estamos ante un caso de libro de instrumentalización de un órgano jurisdiccional para los intereses políticos del Gobierno, a través de una mutación constitucional”, ha asegurado Legarda durante su intervención. “Esta ley y sus medidas aplicativas dan un paso más en el proceso de judicializar los procesos que son eminentemente políticos pero con unas consecuencias de una gravedad desconocida hasta el momento. ¿Somos conscientes de las implicaciones constitucionales que tendría la suspensión (sin mediar un proceso penal) de autoridades cuya legitimación provenga directamente o indirectamente en las urnas? Generaría una auténtica hecatombe jurídica y política que estamos a tiempo de evitar”, ha señalado Mikel Legarda.

Por ello, el diputado jeltzale ha asegurado que se pretende “evitar las graves consecuencias que en nuestro sistema político y en el orden constitucional pueden derivarse de la aplicación de esta Ley a través de la incorporación de dos nuevas potestades coercitivas introducidas por el PP: la suspensión de autoridades y funcionarios y la ejecución sustitutoria por parte del propio TC”.

Por último, con respecto a la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía que la iniciativa del PNV pretende también derogar, Mikel Legarda ha afirmado que “la irrupción del TC en el proceso de elaboración de un Estatuto de Autonomía supone inevitablemente su politización y a la vez la judicialización del proceso político parlamentario” y ha insistido en que “convierte de facto al TC en una tercera Cámara parlamentaria”. En definitiva, Legarda ha denunciado que con este “instrumento de obstrucción previo, se busca que determinadas manifestaciones de voluntad a través de la democracia representativa y de la democracia directa no encuentren cauce de expresión”.