El Pleno del Congreso de los Diputados ha respaldado esta tarde la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV por la que se insta al Gobierno en funciones a derogar la pena de prisión permanente revisable.

En defensa de la iniciativa, Mikel Legarda, portavoz jeltzale de Justicia e Interior, ha asegurado que esta pena “es innecesaria e injusta” y ha añadido que su incorporación al Código Penal “responde al llamado ‘populismo punitivo’ causado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación y acorde con la ideología penal de su proponente”.

Legarda ha explicado que estamos ante “una de las decisiones político-criminales más importantes desde la restauración de la democracia y marca el último hito del agravamiento constante de las penas en una concepción preferentemente retributiva de las penas”. Es más, el Diputado jeltzale ha señalado que la prisión permanente revisable “rompe el consenso constitucional al alejarse de manera dramática de la finalidad reeducadora e reinsertadora de las penas privativas de libertad recogida en la Constitución” y ha denunciado el “procedimiento brumoso” estipulado para la revisión de su duración, “una incertidumbre que no puede ni debe ser asumida por nuestro ordenamiento penal que la convierten en una pena de efecto equivalente a la prisión perpetua”.

Además, Legarda ha afirmado que la prisión permanente revisable “no era reclamada ni hay un consenso sobre su oportunidad”. “¿Qué motivos existían y existen para instaurarla si tenemos en cuenta que la cifra de delitos más graves no solo no incrementa sino que disminuye, y teniendo en cuenta también que teníamos y tenemos unas de las penas privativas de libertad más duras de nuestro entorno?”.

Por último, Mikel Legarda ha asegurado que la prisión permanente revisable “no implica mayores cotas de seguridad ni mayor confianza ciudadana y tiene dificultades de cohonestarse con el principio de seguridad jurídica y legalidad penal”.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Vasco ha reclamado la eliminación de la prisión permanente revisable y ha obtenido el respaldo de la Cámara para instar al Gobierno en funciones a derogarla del Código Penal.