Pedro Azpiazu, portavoz económico del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, ha acusado al Partido Popular de “fraude constitucional por eludir el debate político en sede gubernamental, prelegislativa y parlamentaria” por haber “introducido por la puerta de atrás, sin dar la cara en los Proyectos de Ley para que no conozcamos sus intenciones, una auténtica bomba legislativa para dinamitar el marco autonómico”.

En su intervención, con motivo del debate de la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Azpiazu ha señalado que el Grupo Popular ha introducido una enmienda en la tramitación parlamentaria “que bajo la apariencia de racionalidad económica limita la capacidad de actuación de las Comunidades Autónomas en el ámbito sanitario”.

En concreto, el Diputado jeltzale ha denunciado que “no contentos con la aplicación del artículo 135 de la Constitución, que por imperativo legal respetamos y cumplimos, ahora quieren controlar también no solo el todo sino las partes como son el gasto farmacéutico; hasta las mínimas y más detalladas partidas de gasto público”. Y ha añadido que “no enviar la información del gasto farmacéutico al Ministerio de Hacienda puede suponer que se impida a las CCAA que puedan endeudarse. ¿No les parece un auténtico exceso? ¿Qué quieren, montar una sistema policial para controlar absolutamente todo?”.

En este mismo sentido, el portavoz económico del Grupo Vasco ha afirmado que “ni el artículo 135 de la Constitución española ni la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria cubren para la imposición de las obligaciones y sanciones por incumplimiento en relación con los supuestos de hecho que la enmienda quiere introducir”.

Azpiazu, además, ha asegurado que “se ha hurtado la participación de las Comunidades Autónomas tanto por elusión del Consejo de Política Fiscal y Financiera como del Consejo Interterritorial de Salud”.

Por todo ello, ha asegurado que “es una vergüenza y un escándalo, una flagrante inconstitucionalidad”. “Se merecen que nos retiráramos del Congreso porque no se puede legitimar este debate”, ha sentenciado.