El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ha anunciado su voto en contra de la convalidación del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Pedro Azpiazu, portavoz económico del Grupo Vasco, ha asegurado que “algunas de las medidas propuestas, a pesar de ser positivas, se podían haber tomado hace unos cuantos años, cuando la crisis era más profunda y los Grupos se lo estábamos reclamando” y ha denunciado que “ahora se ponen delante de la pancarta, lo aprueban unilateralmente y nos piden adhesión sin más; no es elegante y solo podemos interpretarlo en clave electoral”.

Azpiazu, además, ha denunciado que “la vulneración competencial que presenta este Decreto en relación a las políticas activas de empleo es reiterativa” y ha recordado que el Gobierno Vasco ha interpuesto tres recursos de inconstitucionalidad a tres normas aprobadas por el Gobierno español por esta misma cuestión. En este sentido, ha advertido que “estos incumplimientos del marco competencial deben resolverse en el trámite de enmiendas; lo contrario sería una afrenta política de considerables dimensiones”.

Con respecto al mecanismo de la segunda oportunidad, el Diputado jeltzale ha señalado que “hay avances”, por ejemplo en la ampliación del ámbito de aplicación a personas naturales no empresarios, y ha añadido que “se mejora” el Código de Buenas Prácticas, pero ha calificado ambas medidas de “insuficientes”. Por ello, ha anunciado, en primer lugar, que, “para paliar el déficit con respecto al acuciante tema de los fiadores y avalistas familiares de los deudores insolventes propondremos que las medidas se apliquen igualmente a los avalistas hipotecarios respecto de su vivienda habitual”; y en segundo lugar, ha señalado que el Grupo Vasco apuesta por que “el Código de Buenas Prácticas sea de obligado cumplimiento por parte de las entidades de crédito”.

Por último, Azpiazu ha afirmado que la eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas es “positiva” pero ha exigido que “se amplíe a las personas jurídicas”. De hecho, ha recordado que el Grupo Vasco ha solicitado en numerosas ocasiones la derogación de la Ley de Tasas y, mientras esta siga vigente, ha reclamado la distribución de lo recaudado con las tasas a las Comunidades Autónomas con competencias para que puedan financiar el servicio de justicia gratuita.