Pedro Azpiazu, portavoz económico del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, ha pedido al Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, “una solución satisfactoria” para los clientes de buena fe que adquirieron participaciones preferentes “sin tener los conocimientos necesarios para saber en qué estaban invirtiendo y confiaban en la entidad financiera”.

Azpiazu ha realizado estas afirmaciones en el debate de convalidación del Real Decreto 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.

En este sentido, Azpiazu ha afirmado que “los preferentistas engañados no deben pagar el rescate financiero” y ha añadido que “deberían ser las entidades que han realizado estas prácticas fraudulentas las que paguen por sus actuaciones negligentes”. Asimismo, los inversores que conocían el producto y sabían qué compraban, afirma Azpiazu, “también deberían asumir las pérdidas”.

Por otro lado, con respecto al arbitraje como método de resolución de conflictos, Azpiazu ha asegurado que lo considera un “avance positivo”, pero “insuficiente ya que no va a resolver el problema de los afectados”.

Además, el Diputado de EAJ ha asegurado que la ampliación de funciones del Fondo de Garantía de Depósitos pretendida en el Real Decreto no es más que una “deformación” de sus funciones y objetivos originales, y ha añadido que “puede llevar al efecto contrario al pretendido en tanto en cuanto los ciudadanos pueden considerar que este instrumento ya no puede asegurar sus depósitos porque atiende a otras necesidades”.

Por último, Azpiazu ha criticado que las entidades que han actuado regularmente tengan que asumir el “coste económico y reputacional” de las prácticas deficientes a través de las aportaciones que deben realizar al FGD y ha asegurado que esta medida “atenta contra la competencia ya que el incumplidor no sufre daño patrimonial alguno, sino que lo hacen sus competidores”. Igualmente, ha añadido que tampoco la creación de la SAREB “no pude ni debe perjudicar al resto del sistema financiero sano”.