Y añadió: No dan por ejemplo para esa conclusión, tan injustificada y arbitraria, que esta misma semana hemos leído en un medio de difusión estatal –en referencia a un artículo de opinión que, firmado por Enrique Gil Calvo, apareció el pasado lunes, día 24 de abril-, según la cual, para afrontar realmente la problemática que se deriva de y refleja lo ocurrido en Marbella, “haría falta modificar la Constitución para que el Estado central recupere su competencia plena sobre la coordinación urbanística del territorio nacional, que nunca debió perder”.

El Diputado por Gipuzkoa del PNV se mostró contrario a análisis genéricos y a actuaciones más simbólicas que eficaces. Contrario, por ejemplo, a extender la sombra del escándalo y de la duda por igual sobre todas las formaciones y representantes políticos, “como si todos fuéramos responsables, o sospechosos de serlo, por igual”. Y contrario, también a proponer, con mejor o peor intencionalidad, medidas más o menos grandisonantes u obvias, pero de eficacia más que cuestionable todas ellas, como la supuesta “necesidad de un pacto de anticorrupción urbanística entre todos los partidos políticos o la necesidad de disponer de más medios policiales, judiciales, fiscales” o hablar de “garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la especulación urbanística” y declaraciones similares. “Mi grupo, el PNV, está de siempre en ese pacto anticorrupción y nos preguntamos dónde estaban los que ahora predican la perentoria necesidad de hacerlo”, declaró.

“Marbella no sólo es un escándalo sino que es también un escándalo anunciado, vino a decir Beloki, “y no es menor la gravedad que se deriva de ser un escándalo tan previsto, desde hace tantos años, como de las propias tropelías cometidas”.

“Frente a este tipo de hechos y situaciones, como los de Marbella, manifestó el diputado por Gipuzkoa del PNV, lo que hacen falta no son tanto declaraciones y propuestas genéricas, que suenen más o menos bien, y que puedan entretenernos en este Parlamento, sino por instar al Gobierno, y a todas las Instituciones comprometidas –judiciales, tributarias, policiales, etc.- a la exigencia clara de responsabilidades a todo aquel que corresponda, y a una actuación más firme, más diligente de todos ellos frente a los delitos urbanísticos, sean quien sea su autor”.