El Grupo Vasco en el Congreso ha reclamado hoy al Gobierno español una ley que regule el secreto profesional de la profesión periodística. En la sesión de control, el diputado jeltzale ha evidenciado esta laguna en el ordenamiento jurídico español, a pesar de que existe un reconocimiento constitucional “explícito” a mantener en secreto la identidad de sus fuentes por parte de los y las periodistas y un mandato a que una ley orgánica lo regule, de acuerdo con el artículo 20 de la C.E.

“Su carencia afecta a la formación de una opinión pública libre y al interés individual de las personas que ejercen el periodismo cuando son llamadas como testigo en un proceso penal para que desvelen sus fuentes, o cuando son investigadas, encausadas e incluso condenadas por falta de colaboración con la justicia o por un delito de revelación de secreto del mismo sumario”, ha asegurado Legarda. Por ello, y con el objetivo de “disipar sombras e incertidumbres”, Mikel Legarda ha hecho extensiva la reclamación de organizaciones como la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), y ha pedido al Gobierno una ley que regule el secreto profesional de la profesión periodística 43 años después de la aprobación de la Constitución.

El Gobierno, en su respuesta, ha mostrado disposición al diálogo tanto con las asociaciones que impulsan esta reclamación como con los grupos parlamentarios para trabajar en el desarrollo del mandato constitucional. ‘Coincido con usted en que tal vez, 43 años después, sería necesario que legisláramos sobre el asunto’, ha señalado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. ‘Si existe hoy en torno a la profesión la necesidad de ese desarrollo legislativo, el Gobierno está dispuesto a abordarlo y trabajar’, ha añadido.

Durante su intervención Legarda ha recordado algunos de los casos en los que son evidentes las consecuencias de esta laguna jurídica. Así, se ha referido a los juicios por la filtración de la sentencia del caso Rumasa, o por la publicación de los papeles de Bárcenas. También se ha referido al encausamiento por la revelación de datos respecto al máster de Cristina Cifuentes; por publicar informaciones del sumario sobre miembros de los CDR, o la más reciente orden judicial de registro en las sedes de varios medios de comunicación de Baleares, decomisando ordenadores y teléfonos móviles de periodistas en la investigación del caso Cursach. Por último, el diputado del Grupo Vasco ha recordado el requerimiento a un medio digital para identificar la fuente que le filtró la lista de bienes del Pazo de Meirás.

“La investigación de las circunstancias que han rodeado la reciente posición sobre el Sáhara también reclaman el papel vital de los medios de comunicación y la protección de sus fuentes, como guardián público para la formación de una opinión pública libre en una sociedad democrática”, ha zanjado Legarda para insistir en la necesidad de regular una ley sobre el secreto profesional con relación al derecho de información.