“En los últimos meses la factura de la luz ha subido al menos lo suficiente como para que muchos consumidores nos preguntemos porqué si el consumo ha sido más o menos el mismo y la propia factura no lo especifica claramente. La respuesta es por la ‘operación reforzada’, la que se puso en marcha para garantizar la seguridad del sistema eléctrico. Nueve meses después, seguimos en la misma situación”, ha reprochado este miércoles la diputada del Grupo Vasco Idoia Sagastizabal al Gobierno español.

El coste de esta operación, según los datos de Red Eléctrica recogidos por Sagastizabal, asciende a 486 millones de euros, cuyo pago se reparte entre “los consumidores domésticos e industriales”.

“La factura de la luz es difícil de descifrar para gran parte de la ciudadanía por su complejidad y sus diversos apartados, pero seguro que esto se entiende: Antes del apagón, operar el sistema costaba unos 9 €/MWh; ahora cuesta unos 14 €/MWh, con picos que han llegado a los 25 €/MWh”, ha explicado la diputada jeltzale, que ha indicado que esto se traduce en un incremento notable de la factura para la industria electrointensiva y para las familias, que pueden terminar “pagando alrededor de 90 euros más al año” cuando este importe “debería haberse reducido” porque “la electricidad es hoy más barata por la entrada de las renovables”. El sobrecoste, ha reprochado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, “lo están asumiendo especialmente aquellos consumidores que tienen tarifas indexadas, incluida la tarifa regulada para el consumo doméstico donde se concentran muchos hogares vulnerables y la única que permite acceder al bono social. Así, quienes más deberían beneficiarse de los precios bajos del mercado son, precisamente, los más perjudicados”.

Sagastizabal ha criticado que no se conocen los “criterios técnicos, la duración prevista, ni el calendario de retirada de este escudo de seguridad” y augura que aún se mantendrá en el futuro inmediato. Por eso ha pedido a la ministra que aplique medidas para que los consumidores no sigan asumiendo este sobrecoste en su factura de la luz: “Nadie discute que la seguridad del suministro es esencial, lo que sí debemos discutir es cómo se financia esa seguridad”.