En la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso el Grupo Vasco ha puesto el foco en los problemas con los que se están encontrando las familias que deberían recibir una prestación por el cuidado de menores con enfermedades graves y las graves consecuencias que esto les genera. “Las familias no solo pelean contra la enfermedad de sus hijos e hijas. También tienen que luchar contra una administración”, ha denunciado la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal en su pregunta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz: “Conseguirla y mantenerla se ha convertido en un calvario”.

Sagastizabal ha expuesto tres casos concretos de familias que han visto cómo les es denegada la prestación CUME (Cuidado de Menores con Enfermedad Grave), una ayuda para que los progenitores puedan reducir su jornada y cuidar de sus hijos sin perder todo su sueldo “y que supone, además, reconocer que el menor es depen-diente y que necesita a su padre o madre como persona cuidadora 24 horas los sie-te días de la semana”.

“No son casos aislados, estamos ante situaciones que se están convirtiendo lamen-tablemente en un patrón”, ha expuesto la diputada del Grupo Vasco, que ha apun-tado también dónde está el problema: “Son las mutuas quienes gestionan y super-visan esta prestación y actúan con criterios distintos y arbitrarios”. Las causas por las que se deniegan las ayudas, ha detallado, están en que “la enfermedad no figura de forma literal en el decreto regulador ignorando los informes médicos y a pesar de que existen epígrafes que permiten incluir cualquier enfermedad grave de distin-tas categorías (psiquiátricas, inmunológicas, cardiológicas, etc.), siempre que haya un informe médico que lo avale y se requiera hospitalización u hospitalización a domicilio”. A lo que se añade que para renovar la prestación se exigen “informes adicionales de especialistas imposibles de conseguir” en los plazos exigidos. Las mu-tuas “interpretan informes médicos de forma restrictiva. Incluso cuando las familias logran una sentencia judicial favorable, la mala praxis continúa sin sanciones”.

Además, ha redundado Sagastizabal, la desaparición de la figura del mediador del INSS que antes actuaba cuando había una diferencia de criterio obliga ahora a las familias acudir a los tribunales, que se quedan “desprotegidas durante meses”.

Por eso la diputada jeltzale ha exigido a la ministra medidas que garanticen que la prestación CUME “se conceda de manera justa evitando prácticas arbitrarias”.