Aitor Esteban y Mikel Legarda, portavoz y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV respectivamente, han presentado hoy en Sabin Etxea la propuesta jeltzale para modificar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida comúnmente como ‘Ley Mordaza’.

Aitor Esteban ha asegurado que la Proposición de Ley del Grupo Vasco es “equilibrada y cohonesta los intereses de la ciudadanía y la proporcionalidad” y ha añadido que “es un buen momento”, dada la composición actual del Congreso de los Diputados, “para modificar excesos acometidos por la mayoría absoluta del PP”. En ese sentido, Esteban ha recordado que “hay una mayoría clara, incluido nuestro Grupo, que se posicionó en contra de esta Ley en el Congreso y nuestra propuesta puede ser ese punto de encuentro entre las formaciones que rechazan la Ley del PP”.

Mikel Legarda, autor de la propuesta, ha explicado ante los medios que la Proposición de Ley de EAJ-PNV quiere “corregir los desequilibrios” de la Ley Mordaza, donde, según ha denunciado Legarda, “se concibe la seguridad como un freno a los derechos fundamentales y las libertades públicas”. Por ello, la iniciativa jeltzale pivota sobre un eje claro: “en el binomio seguridad-libertades debe primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga”.

Así, Legarda ha expuesto diversas modificaciones en defensa de los derechos y libertades, como las referidas a las manifestaciones espontáneas, que con la ley vigente eran sancionables, o la supresión de la tipificación como infracción grave de las reuniones o manifestaciones frente al Congreso y Senado.

En lo referente a la libertad de expresión e información, se propone la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya que “supone una prohibición, general y preventiva, a la libertad activa y pasiva de información con reserva de autorización no respetando, con ello, los principios de proporcionalidad y ponderación que se ha venido exigiendo por el mismo TC”.

Asimismo, Legarda ha explicado que, en respuesta a un “clamor generalizado” de organismos como Amnistía Internacional, se establece un “procedimiento legal y efectivo” de devoluciones en frontera respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.

Según ha señalado Legarda en la rueda de prensa, un gran número de modificaciones se centran en el régimen sancionador, para el que se reclama una “relación equilibrada entre la gravedad del hecho y la necesidad de la intervención punitiva” y por tanto se propone la supresión de una serie de infracciones que solo deben tener respuesta punitiva penal y, como ya se ha dicho, se modula la respuesta punitiva respecto a ciertas conductas: se elimina un buen número de infracciones tipificadas como muy graves (la ya mencionada reunión o manifestación no comunicada, art. 35.1), graves (manifestaciones frente a las sedes del Congreso y Senado; el uso indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales; el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…) y leves (escalamiento de edificios; la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada, el deslucimiento de inmuebles, etc).

En este mismo sentido, Mikel Legarda ha explicado “el régimen sancionador debe respetar los principios y garantías de la potestad punitiva del Estado”, como el de legalidad en su manifestación de taxatividad (evitando conceptos jurídicos indeterminados), el de responsabilidad por hechos propios y culpabilidad (incorporando el dolo), el de “non bis in ídem” (que impide castigar dos o más veces a una persona por un mismo hecho y por el mismo fundamento), y el de proporcionalidad (incorporando atenuantes) y propone, en coherencia, cambios para adecuarlos a estos principios. En este mismo apartado, son destacables las modificaciones de cara a la proporcionalidad en relación a la igualdad, por el que se propone “tener en cuenta la capacidad económica del infractor para determinar la sanción” proponiéndose como medios para dicha adaptación el fraccionamiento y la suspensión de la ejecución.

En el siguiente enlace se puede acceder a la iniciativa registrada por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV:

http://congreso.eaj-pnv.eus/es/documentos/18452/proposicion-de-ley-de-modificacion-de-la-ley-organ