Azaroaren 25, Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna

Sala de Prensa

27/06/2012

EAJ-PNV defiende en el Congreso el derecho al uso del euskara en la Administración de justicia

Aitor Esteban ha defendido una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno español a establecer el euskara como requisito, y no como mérito para acceder a la función jurisdiccional. Esteban, ha recordado que hoy en día se sigue hurtando a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la Justicia en la lengua cooficial del lugar.

rss Ezagutzera eman
EAJ-PNV defiende en el Congreso el derecho al uso del euskara en la Administración de justicia

DESCARGAR IMAGEN

El portavoz del Grupo Vasco EAJ-PNV en la Comisión de Cultura, Aitor Esteban, ha defendido esta tarde en el Congreso el derecho de los ciudadanos a acceder a la Administración de Justicia en la lengua cooficial por la que opten.

En el debate de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Vasco, Aitor Esteban, ha recordado que hoy en día “se sigue hurtando a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la Justicia en la lengua cooficial del lugar, no tanto por escrito, pero sí de manera oral, para defenderse o para argumentar ante los propios tribunales”.

Aitor Esteban ha censurado que el Poder Judicial y los órganos judiciales se hayan mantenido al margen del desarrollo y del uso de las lenguas cooficiales a pesar de que la propia Ley orgánica del Poder Judicial reproduce un requerimiento de cooficialidad lingüística en el ejercicio de la función jurisdiccional. Muestra de ello es que “el número de sentencias que podrían haber sido escritas en lenguas cooficiales haya quedado en mera anécdota y ello haya influido en la escasa expansión de la lengua cooficial en el mundo jurisdiccional”, denunciaba Esteban.

Por todo ello, Aitor Esteban ha defendido la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno, a desarrollar con las CCAA y con el CGPJ, un mapa lingüístico identificando las zonas bilingües, y que en ellas el conocimiento de las lenguas cooficiales pase de ser de mérito a ser requisito para acceder a la función jurisdiccional.

“Creemos que hoy ya es posible que pase a ser un requisito para acceder a determinados puestos en la función jurisdiccional;  sería perfectamente factible identificar las zonas lingüísticas, y es adecuado que jueces, secretarios, o fiscales, sepan los dos idiomas oficiales del lugar”, ha argumentado.

Ha subrayado además que “nos encontramos con nuevas generaciones de jueces; personas que han tenido oportunidad de aprender Derecho en euskara, y que están escolarizados en euskara y que por tanto son capaces de desarrollar sus funciones en el idioma cooficial”. “Por tanto ya no podemos decir que no hay gente preparada para ocupar esas funciones, la hay, y es gente con mucha proyección, y que puede desarrollar una labor muy importante en la Justicia”, ha subrayado.

“Es hora de dar contenido al mandato constitucional también en el ámbito judicial”, ha reivindicado. “Creemos que ha llegado el momento de pasar del mérito al requisito, no para poner las cosas más difíciles a algunos, sino para poder garantizar el derecho de los ciudadanos a poder expresarse en una lengua  oficial y que en muchos casos es la lengua de uso diario”, remarcaba.

La propuesta no ha sido aprobada al no contar con el voto favorable del PP, PSOE, e UPyD. La han apoyado, además del Grupo Vasco EAJ-PNV, el Grupo Catalán CiU, Izquierda Plural y el Grupo Mixto.

El Grupo Vasco ha aceptado una enmienda del Grupo Catalán CiU, por lo que el texto votado es el siguiente:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.- Arbitrar las medidas necesarias para que el conocimiento de las lenguas, en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales no sólo sea un mérito para el acceso a la función jurisdiccional sino un requisito, estableciéndose la correspondiente estructura de perfiles lingüísticos.

2.- Desarrollar, consensuándolo con las CCAA en las que existan lenguas cooficiales y con el Consejo General del Poder Judicial, un mapa lingüístico identificando las zonas en que el volumen de población bilingüe exija reconocer como requisito para el acceso a la función jurisdiccional el conocimiento de ambas lenguas cooficiales, en aquellas CCAA con realidades lingüísticas no homogéneas. 

Nuestro Grupo Parlamentario