El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas necesarias para remover los obstáculos que impiden a los inmigrantes que tengan trabajo regularizar su situación administrativa. Esta propuesta busca la inserción de los inmigrantes a través del trabajo.

En la exposición de motivos el Grupo Parlamentario Vasco hace suya la doctrina recogida en la Ley vasca Contra la Exclusión Social, ley 12/1998 de 22 de mayo, en la que se indica que en nuestra sociedad moderna el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y deberes respecto a la sociedad y de que ésta los adquiera respecto al individuo.

En el Estado español, los inmigrantes en situación administrativa irregular alcanzaban a finales del pasado año la cifra de 852.889 personas. Fuentes ministeriales hablan hasta de un millón. En Euskadi se calcula que existen cerca de 15.000 personas en situación administrativa irregular. Al igual que en la mayor parte de los países de la UE, se trata predominantemente de una inmigración de carácter económico, muy por encima de la inmigración por otros motivos (políticos, culturales o religiosos).

El informe realizado en septiembre de 2003 bajo los auspicios de las Naciones Unidas observa que existe una fuerte necesidad de trabajadores migrantes en sectores de la economía española, como la agricultura y el trabajo doméstico, y que muchos de estos migrantes irregulares acaban siendo explotados en la economía sumergida.

Representantes oficiales, ONGs e iglesias han coincidido en destacar que la situación paradójica: frente a una necesidad de trabajadores y a la disponibilidad de trabajadores extranjeros en situación irregular que no trabajan o trabajan en la economía sumergida, la ley no permite su regularización. La situación se complica cuando los empleadores contratan irregularmente a los migrantes pues, además de que sus derechos se ven menoscabados, se genera un sentimiento adverso hacia estas personas por aceptar condiciones laborales inadecuadas a los estándares del entorno.

Según el propio informe, además de obstaculizar la integración laboral de los inmigrantes, la economía sumergida tiene consecuencias muy negativas para el normal funcionamiento del mercado de trabajo, como el aumento de la segmentación, la degradación de las condiciones laborales, la exclusión social, la competencia desleal entre empresas, la pérdida de ingresos y el incremento del gasto en protección social derivado del reconocimiento de prestaciones universales.

El mismo informe de la ONU subraya que las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales deben dedicar la mayoría de sus recursos a la asistencia a los migrantes irregulares y que sus esfuerzos de integración se ven frustrados por los obstáculos que la situación de irregularidad pone a la plena integración del migrante.

Señala igualmente que el número elevado de migrantes en situación irregular en un limbo jurídico que no les permite regularizarse ni ser deportados y que acaban trabajando en la economía sumergida o en la prostitución y que deben ser atendidos en la red de servicios sociales, representando un gran gasto para las CC.AA.

Esta realidad se viene reflejando en nuestro ámbito territorial y el informe vasco sobre las ayudas de emergencia social de 2003 consideró “absolutamente imprescindible regularizar su situación y facilitar su acceso al mercado de trabajo de forma normalizada, lo cual disminuiría su dependencia de las políticas asistenciales a las que están condenados por la Ley de Extranjería, como verdadero camino de la solidaridad, del acceso de estas personas a la plena condición de ciudadanía”.

Ante la pregunta de distintos medios de comunicación sobre qué hacer con 852.889 extranjeros en situación irregular, aa mayoría de los partidos y sindicatos se inclina por regularizar a los que tengan empleo. A pesar de diferencias de enfoque y ejecución, casi todos los consultados defienden que la vinculación de los sin papeles al mercado de trabajo es la forma más apropiada de regularizar su situación.

En el Plan Vasco de Inmigración 2003-2005, el Parlamento Vasco insta al Gobierno español a que, con carácter inmediato, proceda a iniciar un proceso de regularización de las personas inmigrantes residentes en España en situación de irregularidad, para que puedan llevar una vida digna y puedan trabajar en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos y ciudadanas, superando de este modo las condiciones de discriminación y explotación en que se encuentran en la actualidad.

Es por todo ello por lo que el Grupo Parlamentario Vasco presenta esta Proposición No de Ley, instando al Gobierno español a realizar las modificaciones necesarias que faciliten la inserción de los inmigrantes a través del trabajo.

Sabin Etxea, a 9 de julio de 2004.