Finalizado el plazo taxativo, me pareció oportuno preguntar al Gobierno en la Sesión de control del miércoles, qué había hecho al respecto, trasladando una inquietud manifestada por expertos juristas a los que tuve ocasión de oir en un seminario organizado por Eusko Ikaskuntza, sobre los límites constitucionales en la persecución de la delincuencia terrorista.

La respuesta del Ministro fue acogerse a una posibilidad de aplazamiento que permite el artículo 24 de la propia Convención, omitiendo que está sujeta a declaración expresa y no se ha hecho, porque desean hacerlo bien, el Ministro nuevo se lo ha tomado en serio y quieren consultar con las organizaciones civiles de protección de los derechos humanos, y los defensores de todas las Autonomías.

Casi me pareció consolador, porque existía la posibilidad de que se designase al Defensor del Pueblo como “mecanismo nacional independiente”, lo cual, con éste, hubiese sido un sarcasmo enorme. A ello se le une que, como español del Subcomité Internacional está designado Leopoldo Torres Boursalt, al que le reconozco biografía y curriculum con muchos méritos, pero que fue el Fiscal General del Estado en un momento en el que había fundadas sospechas de perpetración de cierto tipo de delitos desde los aparatos del Estado o sus cercanías –años del GAL- y no propició precisamente la investigación.

Y la tortura en España existe. Todos los años la memoria de la Fiscalía General del Estado recoge casos, pero sólo en cifras, en el anexo estadístico. No se les da relevancia en la literatura de la Memoria, ni se mencionan en la exposición oral de la apertura del año judicial o ante la Comisión de Justicia del Congreso. ¿No es una delincuencia importante? ¿Se considera inevitable? ¿Se tolera? ¿Es útil para la “eficacia”? En ocasiones incluso se ha indultado...
Recordé al Ministro que desde el 10 de mayo de 2005 el Congreso, por unanimidad, instó al Gobierno a “desarrollar una política integral que tienda, real y efectivamente a prevenir cualquier acción de trato cruel, inhumano o degradante en los centros de detención y custodia; reaccionar con firmeza y prontitud ante cualquier acción que suponga trato cruel, inhumano o degradante sobre una persona detenida o custodiada, exigiendo, de oficio, la responsabilidad administrativa y penal que proceda; proteger a las víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes con medidas asistenciales de carácter social, jurídico y económico hasta conseguir su total reparación por el agravio sufrido en sus derechos fundamentales.

Le pedí que “ponga en su agenda” la cuestión, como militante que ha sido de estas causas. Yo me propongo la tarea de un seguimiento constante y tenaz.