Personalmente, creo que la reflexión del ex president iba más lejos. Quería decir, entre otras cosas, que la voluntad mayoritaria de los catalanes no cabe en el marco constitucional y que, en consecuencia, Catalunya no encontrará acomodo satisfactorio en el Estado español si no se modifica la carta magna. Así de claro y terminante.

Esa misma mañana, Artur Mas comparecía en el hotel Ritz ante el Foro de Nueva Economía. Como cabía sospechar, los periodistas le preguntaron por las declaraciones de Maragall. Mas respondió sin ambigüedades. Estaba de acuerdo con lo dicho con el ex president, pero le reprochaba el hecho de no haberse pronunciado antes: “¿Por qué no lo dijo cuando se inició la tramitación de la reforma?”, interpeló. Y agregó una segunda pregunta, no menor: “¿Quién del PSOE le hubiese apoyado entonces?”.

El líder de CiU repasó en su intervención los pasos seguidos por la tramitación del Estatut de Catalunya y expresó su desazón por el hecho de que tras un proceso tan complejo, que hubo de atravesar tantos filtros –informes de legalidad, dictámenes de constitucionalidad, cepillado del Congreso, nuevo repaso en el Senado y ratificación en referéndum por el pueblo catalán- todos los observadores políticos den por supuesto que el Tribunal Constitucional va a dictar una sentencia que, con una u otra fórmula, declara su texto contrario a la Norma fundamental. Si estos vaticinios se confirman –concluyó- la crisis está servida. Porque la situación creada pondría de manifiesto que la voluntad mayoritaria de los catalanes, expresada en referéndum expresamente convocado al efecto, no cabe en la Constitución. ¿Y qué mayor crisis puede atravesar un régimen democrático que el que se deriva del hecho de que su norma constitucional básica no cuente con el aval mayoritario en una parte de su territorio?

Para nosotros, los vascos, el revuelo provocado por las declaraciones de Maragall venía a poner broche a las reacciones suscitadas por la pregunta que Zaplana dirigió a la vicepresidenta del Gobierno en la sesión de control del miércoles. Siguiendo con la matraca habitual, Zaplana se interesaba, en su pregunta, por las medidas que tenía previsto adoptar el Ejecutivo “para impedir la celebración del referéndum ileal anunciado para esta legislatura por el Lehendakari Ibarretxe”. La pregunta de Zaplana operaba sobre un presupuesto falso. El lehendakari no ha anunciado ningún referéndum ilegal. Se ha comprometido a promover una consulta sobre la reforma del autogobierno vasco, que es diferente. Esa consulta puede o no ser un referéndum y puede o no ser legal.

Pero a Zaplana y los suyos, no les importa tanto la eventual ilegalidad de la consulta que pueda convocar en Lehendakari –aunque hagan aspavientos todos los días haciéndonos creer que les preocupa mucho esa hipótesis- cuanto el hecho de que una consulta, pueda contribuir a deslegitimar la Constitución, poniendo en evidencia ante todo el mundo civilizado, que la voluntad mayoritaria del pueblo vasco, no cabe en sus dictados. Eso es lo que realmente les preocupa. Pero para eso, no nos engañemos, no hace falta un referéndum ilegal. El referéndum catalán fue totalmente legal y, según pronostica Mas, una sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la corrección normativa del Estatut ratificado en referéndum, haría que la crisis estuviera servida. Y es probable que, hasta cierto punto, lo está ya. En Catalunya y en Euskadi.