Este año, esa sensación se ha visto notablemente atenuada, porque la actividad parlamentaria no se ha paralizado en verano. Para los diputados, las vacaciones de este año han sido más un término vacío que una realidad palpable. Durante el mes de agosto han tenido lugar tres reuniones de la Diputación Permanente y varias sesiones extraordinarias de diferentes comisiones. No hemos parado. No ha habido paréntesis.

Probablemente por ello, la semana parlamentaria ha arrancado con los mismos temas de debate con los que concluimos el último periodo de sesiones. Nada parecía haber cambiado. El martes por la tarde debatimos la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de las Illes Balears. Venía avalada por una amplísima mayoría del Parlamento balear. Una mayoría cercana al 90%, que incluye al PP y al PSE.

Evidentemente, la cámara ha votado a favor de la toma consideración, lo que significa que la propuesta se tramitará en las Cortes. Pero una vez más, el debate nos ha reafirmado en la convicción de que la pretensión de nivelar a las comunidades autónomas desde una demagógica apelación al principio de igualdad es, sencillamente, absurda. Se quiera admitir o no, las comunidades políticas en las que se estructura el Estado español, no son homologables, ni desde la realidad que viven, ni desde la ambición que abrigan. Y esto se pudo ver en el debate con absoluta claridad. La sesión no tuvo punto de comparación con la que el 2 de febrero de 2005 sirvió para abordar la Propuesta de Nuevo Estatuto que en diciembre de 2004 aprobó al Parlamento vasco. Ni en la expectación creada, ni en el interés suscitado, ni en la tensión y la densidad del debate. Un hemiciclo semivacío sirvió de marco para una discusión retórica y muy repetitiva, que enfrentó, sobre todo, al PP y al PSOE, en un debate que miraba mucho más a Madrid que al archipiélago balear.

Lo que más me llamó la atención fue el hecho de que, Jaume Matas, presidente de las Illes Balears vendiera la reforma no como un proyecto propio, sino como un efecto inducido por el Estatut de Catalunya. Para él y su partido ─afirmó─ la reforma estatutaria no era ni necesaria, ni urgente, ni tan siquiera conveniente. Pero el hecho de que Catalunya reformara el suyo ─añadió─ ha hecho que “los demás nos viéramos obligados, por razones obvias de supervivencia y de intereses amenazados, a emprender nuestras reformas estatutarias”. En Euskadi, esta curiosa manera de concebir y ejercer el liderazgo sería, sencillamente inimaginable. Un líder político que define su proyecto por referencia a lo que hacen o dejan de hacer los demás, y no como un plan de actuación diseñado con plena autonomía, no es un líder. Podrá ser un émulo o un reactivo, pero no un líder. Y el país que es capaz de aupar a la máxima responsabilidad pública a un dirigente así, no puede decirse que acredite ideas claras y aspiraciones firmes.

Por lo demás, en los pasillos del Congreso fluyen todo tipo de especulaciones en torno a las próximas elecciones catalanas y los acuerdos posteriores. El palacio es un hervidero. En el PSC se da por seguro que si los partidos del tripartito obtienen la mitad mas uno de los escaños, el tripartito se reeditará. Aseguran que no se plegarán a ninguna presión que pueda proceder en este sentido desde la Moncloa. Ya veremos. Yo, por mi parte, he formulado a los compañeros catalanes una pregunta para la que todavía no he obtenido una respuesta clara: Si, como parece previsible, CiU gana las elecciones y deja al PSC una diferencia en escaños suficiente como para que la formación socialista no se sienta moralmente autorizada a promover de nuevo el tripartido, ¿sería posible un gobierno de coalición entre CiU y ERC? La pregunta no es meramente retórica. Un ejecutivo nacionalista podría imprimir una dinámica muy ambiciosa al principal reto que tiene el próximo gobierno de la Generalitat: El desarrollo del nuevo Estatut. Pero, insisto, todavía no he obtenido una respuesta clara y terminante a esta pregunta.